Fiscalía de Baja California obtiene condena de 66 años de cárcel por desaparición cometida por particulares
SAN QUINTÍN, B.C. La Fiscalía General de Baja California, gracias a la eficaz labor de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, logró una condena de 66 años de prisión contra Adán Jiménez Alarcón y José Eduardo Jiménez Zárate por el delito de desaparición cometida por particulares, marcando una de las sentencias más altas impuestas en el estado por este tipo de ilícito.
El 31 de mayo de 2022, se presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por la desaparición de la víctima, Saúl González Marcelo de 38 años de edad. En atención a este caso, se activó de inmediato el protocolo correspondiente, lo cual permitió una coordinación efectiva entre el Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, para llevar a cabo diversas diligencias en busca de la víctima, tanto en instituciones gubernamentales como mediante operaciones de búsqueda en campo.
La investigación, a cargo de la Unidad de Investigación Especializada, abarcó un riguroso trabajo de campo, análisis de información y entrevistas con testigos. Se estableció que el 28 de febrero de 2022, aproximadamente a las 22:00 horas, Adán y José Eduardo circulaban en un vehículo Scion color negro por la calle Miguel Hidalgo en el fraccionamiento Popular San Quintín.
Al ver a Saúl en esa esquina, detuvieron el carro y descendieron armados. José Eduardo portaba un rifle R-15 y Adán portaba una pistola, y bajo amenazas, forzaron a la víctima a abordar el carro en el asiento trasero, llevándolo con rumbo desconocido, ocultando su destino. La víctima fue localizada sin vida en mayo de 2022.
Tras la investigación, los acusados fueron vinculados a proceso el 12 de julio de 2022 por el delito de Desaparición de Personas Cometida por Particulares, permaneciendo en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social.
Recientemente, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó un fallo condenatorio, imponiendo a los acusados una sentencia de 66 años de cárcel, 10,500 días multa y el pago por la reparación del daño.
La Fiscalía General del Estado se mantiene firme en su compromiso de combatir la criminalidad y asegurar justicia para las víctimas, garantizando que los responsables no queden impunes.
